El gobierno sorteará hoy a través de la Caja Social a los primeros 100 funcionarios, de un total de 1600, que deberán someterse a los análisis para detectar si consumen o han consumido drogas.“El sorteo que hará la Caja Social, es solo para definir en qué orden iremos al laboratorio de la Universidad a someternos al análisis.
Nadie queda afuera de este control”, aclaró el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla. La obligatoriedad de la ley contempla que deben pasar los exámenes la totalidad de los funcionarios que desempeñan cargos públicos.
Para ello se ha elaborado un registro numérico de funcionarios públicos, en donde cada uno está identificado con un número que solo lo conoce la autoridad de aplicación de la Ley (un grupo de trabajo conformado por representantes de los tres poderes) quien será luego la encargada de notificarlos, además de recibir los resultados.
será abordado por el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) con el objetivo de ofrecer una contención y determinar el grado de adicción que eventualmente pueda existir y, de ser necesario, determinar el tratamiento a seguir. (Diario Todo Un País)
Los exámenes deberán hacerlos funcionarios de segunda y tercera línea del Poder Ejecutivo que acompañan al gobernador Poggi en su gestión; los miembros del Superior Tribunal de Justicia y todos los integrantes del Poder Judicial y del ministerio Público Fiscal (jueces, fiscales, defensores, etc), el Vicegobernador como presidente de la Asamblea Legislativa (quien ya cumplió con el test) y todos los legisladores provinciales (senadores y diputados), más las mesas directivas de ambas cámaras.
También los miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo titular y adjunto. En una segunda etapa, y tal como lo establece la norma, se realizarán los estudios al personal de seguridad (policías y agentes penitenciarios de la provincia) y de la salud pública.
Según el valor estimado por la UNSL en diciembre, que será actualizado este viernes 14, el costo de cada examen es de entre 40 mil y 50 mil pesos.En el caso del Poder Judicial, se va a comunicar al Jurado de Enjuiciamiento. Y en el caso del Poder Legislativo, se va a comunicar a quienes tienen a su cargo la eventual realización de un juicio político.
A quienes les diera positivo, el caso será abordado por el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) con el objetivo de ofrecer una contención y determinar el grado de adicción que eventualmente pueda existir y, de ser necesario, determinar el tratamiento a seguir. (Diario Todo Un País)
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